La reforma reciente implementada en el pasaporte uruguayo, que busca asegurar una mayor igualdad entre los ciudadanos nacidos en el territorio uruguayo y aquellos nacidos fuera de él, ha generado inquietudes en múltiples gobiernos extranjeros. Alemania, Francia y Japón han manifestado preocupaciones oficiales sobre el nuevo diseño del documento, el cual suprime el apartado «Lugar de nacimiento» y estandariza la indicación de nacionalidad con el código URY, que representa a Uruguay.
El cambio, impulsado en abril por el gobierno uruguayo, forma parte de una política de reconocimiento de los derechos plenos de los ciudadanos legales, es decir, aquellos que han adquirido la ciudadanía uruguaya sin haber nacido en su territorio. Con esta reforma, Uruguay busca eliminar elementos considerados discriminatorios en sus documentos de viaje, especialmente aquellos que hacían referencia a la nacionalidad de origen en lugar de la adquirida legalmente.
Una solución a una solicitud trascendental por equidad
Hasta hace no mucho, los pasaportes en Uruguay tenían una diferencia clara entre los ciudadanos de nacimiento y los que adquirieron la nacionalidad. En la sección de «Nacionalidad», el documento podía mostrar la nacionalidad de origen, lo cual causaba confusión en las verificaciones migratorias y provocaba situaciones de discriminación, incluso dentro del territorio nacional.
La nueva versión del pasaporte unifica la identificación nacional para todos los titulares, eliminando ambigüedades y estableciendo la ciudadanía uruguaya como elemento único de referencia. Además, el campo «Lugar de nacimiento» fue eliminado, siguiendo normas internacionales que lo consideran un dato opcional. Estas medidas fueron celebradas por organizaciones humanitarias y activistas, que destacan el impacto positivo en el derecho a la identidad y en la prevención de la apatridia.
Reacciones de la comunidad internacional
Pese a la intención inclusiva de la reforma, la omisión del lugar de nacimiento en el pasaporte ha generado fricciones con al menos tres países. Alemania fue el primero en emitir una advertencia pública, indicando que los pasaportes uruguayos emitidos desde el 23 de abril no serán válidos para ingresar a su territorio, incluso para visitas de corta duración. Las autoridades alemanas también señalaron que no procesarán solicitudes de visa presentadas con este documento.
Francia adoptó una posición similar, suspendiendo temporalmente la emisión de visas para estancias prolongadas mientras analiza la validez del nuevo formato. Por su parte, Japón advirtió que los uruguayos que presenten este pasaporte corren un alto riesgo de ser rechazados en el control migratorio.
Estos gobiernos han expresado que la ausencia del lugar de nacimiento compromete sus sistemas de identificación y dificulta la verificación de la información del viajero, en especial en trámites migratorios y consulares.
Posición del gobierno uruguayo
Ante las críticas, el gobierno uruguayo ha defendido la legalidad y legitimidad de su nuevo pasaporte. El canciller Mario Lubetkin aclaró que los inconvenientes reportados son aislados y que no existe, al momento, un rechazo sistemático del documento por parte de ningún país. Según explicó, los casos en cuestión se limitan a solicitudes de visa de estudio, y no afectan el uso turístico general, que representa la mayoría de los viajes internacionales de ciudadanos uruguayos.
El presidente Yamandú Orsi señaló que su administración está dispuesta a dialogar con las representaciones diplomáticas de los países involucrados para encontrar una solución, y no descartó la posibilidad de reimprimir los pasaportes emitidos desde la entrada en vigor del nuevo diseño. No obstante, reafirmó el compromiso del gobierno con la igualdad de derechos para todos los ciudadanos.
Discusión interna y potenciales modificaciones
La elección de eliminar el dato del lugar de origen también ha suscitado controversia a nivel nacional. El exministro Omar Paganini criticó la ejecución de esta modificación, señalando que el inconveniente no reside en alterar la etiqueta “Nacionalidad”, sino en eliminar una información que históricamente ha simplificado la identificación en otros países.
Sin embargo, integrantes de la sociedad civil que promovieron esta reforma han reiterado la importancia de contar con una legislación aclaratoria que afirme de forma explícita que cada ciudadano uruguayo, independientemente de su origen, debe ser reconocido igualmente como nacional. Argumentan que la igualdad legal debe estar presente no solo en las leyes, sino también en los documentos oficiales de identidad.
Una reforma con impacto internacional
El cambio en el pasaporte uruguayo representa un esfuerzo genuino para fomentar la inclusión y eliminar desigualdades entre los ciudadanos. No obstante, las repercusiones de esta decisión van más allá del ámbito nacional y presentan retos en el ámbito de las relaciones diplomáticas y en la unificación de criterios documentales entre naciones.
El caso pone de manifiesto la tensión entre soberanía documental y requisitos operativos de otros Estados. A medida que las autoridades uruguayas trabajan en una salida diplomática al conflicto, el debate en torno a identidad, ciudadanía y reconocimiento internacional se consolida como una cuestión de creciente relevancia global.
