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En el mes de febrero, el mandatario obtuvo un segundo mandato, a pesar de que la Carta Magna no permite la reelección consecutiva. Su partido posee una mayoría significativa en el Congreso, base sobre la cual desarrolló cambios que posibilitaron su candidatura y agilizan la aprobación de leyes con escasas restricciones.
Ampliación del sistema de excepción
A partir de marzo de 2022, se instauró un estado de emergencia que suprime derechos esenciales, abarcando el proceso debido y limitaciones a las libertades civiles. Inicialmente diseñado como una medida temporal ante el incremento de asesinatos relacionados con pandillas, el estado ha sido extendido más de 30 veces con el respaldo del poder legislativo.
Este mecanismo ha permitido más de 85,000 detenciones arbitrarias, con unidades mixtas de seguridad desplegadas a gran escala. La cifra incluye a menores de edad detenidos bajo acusaciones de estar vinculados al crimen organizado ‑‑un escenario criticado por exponerlos a procedimientos inadecuados y castigos.
Violaciones documentadas y críticas internacionales
Organizaciones de derechos humanos han catalogado estas prácticas como violaciones sistemáticas: detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas, despidos forzados y graves debilidades en el proceso judicial hrw.org. Denuncias destacan que niños y adolescentes están siendo trasladados a cárceles convencionales para adultos, a pesar de estándares internacionales que prohíben tal práctica. Al menos 368 personas han muerto en esos recintos durante este periodo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que si bien el marco constitucional permite la suspensión de garantías ante situaciones de emergencia, dicha acción debe ser temporal y proporcional. En esta situación se ha transformado en una práctica abusiva e indefinida, con graves repercusiones políticas y sociales.
Gran infraestructura carcelaria y hacinamiento
Para respaldar al régimen, se levantó el controvertido CECOT, un complejo penitenciario con espacio para más de 40,000 presos, aunque opera bajo condiciones infrahumanas: gran sobrepoblación y un régimen penitenciario riguroso. Esta prisión de gran tamaño ha sido descrita como un «agujero negro» de derechos humanos, donde se restringe la recreación y las visitas, y se aplican castigos estrictos sin verdadera supervisión.
Los centros penales del país han colapsado: la población reclusa supera ya los 94,000, mientras que la capacidad apenas alcanza entre 30,000 y 70,000 con la nueva infraestructura amnesty.org+4es.wikipedia.org+4theguardian.com+4. En un sistema severamente saturado, es frecuente las detenciones masivas, decisiones judiciales automáticas y condiciones críticas que ponen en riesgo la integridad física de los internos .
Respaldo ciudadano y encrucijada democrática
A pesar del costo en libertades, el régimen mantiene altos índices de aprobación. El gobierno defiende la medida afirmando que prioriza la seguridad ciudadana, y gran parte de la población lo respalda tras la reducción drástica de homicidios .
No obstante, entidades globales y actores legales han señalado que este esquema tiránico, respaldado por el poder legislativo afianzado por el Ejecutivo, supone un debilitamiento de los controles institucionales y del respeto al Estado de derecho.
Inquietud por niños y repatriados
Un fuerte cuestionamiento se ha levantado también por la reubicación de menores en cárceles de adultos, lo cual vulnera derechos fundamentales y compromete edificaciones destinadas originalmente a situaciones especiales.
Además, Human Rights Watch describe las expulsiones desde Estados Unidos como «desapariciones forzadas» cuando las personas retornadas son detenidas sin un proceso adecuado o cargos válidos.
Balance final: ¿seguridad a costa de los derechos?
El desempeño en términos de seguridad es indiscutible: El Salvador ha mostrado durante varios años cifras históricamente bajas en homicidios y concluyó 2024 con una tasa de 1.9 por cada 100,000 habitantes.
No obstante, el enfoque ha afectado derechos esenciales y ha erosionado significativamente instituciones como la Fiscalía y la Corte Suprema, las cuales ahora están completamente bajo el control del Ejecutivo elpais.com.
El dilema es profundo: ¿vale la pena sacrificar garantas constitucionales, libertades civiles y derechos humanos por una seguridad autoprestigiosa? El futuro plantea desafíos: la institucionalización de este modelo y su permanencia tras el régimen de excepción.
