El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) está trabajando en desarrollar una nueva Ley sobre Compras y Contrataciones del Estado, la cual tiene como fin actualizar los procedimientos de adquisiciones gubernamentales, mejorar la administración del presupuesto y reforzar la claridad en el manejo de los recursos del Estado. Esta propuesta será entregada en septiembre al presidente Bernardo Arévalo para su evaluación y, más tarde, será discutida con diversas entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil antes de llevarla al Congreso de la República para su consideración y aprobación.
Actualización de montos y procesos
Uno de los principales cambios que plantea la propuesta está relacionado con los techos de contratación. Según el diagnóstico elaborado por el Minfin, los montos actuales han perdido valor real debido a la inflación y al paso del tiempo. Por ejemplo, el límite de cotización establecido en Q900 mil desde 1992 equivale hoy a poco más de Q137 mil. De forma similar, el monto máximo de compras directas, fijado en Q90 mil desde 2009, representa actualmente alrededor de Q48 mil en términos reales.
Para subsanar esta distorsión, la propuesta contempla elevar el techo de cotizaciones hasta Q2 millones y el de compras directas a Q200 mil. De acuerdo con las autoridades, este ajuste permitirá agilizar las adquisiciones tanto de entidades gubernamentales como de municipalidades, reduciendo trámites administrativos y evitando retrasos en la ejecución de proyectos y servicios esenciales.
Claridad y poder ciudadano
El establecimiento de la normativa actualizada también fortalece los sistemas de control y supervisión pública. Todas las compras, sin importar su cantidad, deberán registrarse en la plataforma Guatecompras. Además, se conservarán los concursos obligatorios para cantidades que superen los Q2 millones, garantizando la competencia entre los proveedores.
La propuesta incluye también el fortalecimiento de la Subasta Electrónica Inversa (SEI), una herramienta digital que permite obtener mejores precios para bienes y servicios homologados. De igual manera, se busca eliminar las cláusulas de confidencialidad en los contratos estatales, con el propósito de garantizar el acceso público a la información y facilitar la fiscalización ciudadana.
El Minfin destaca que la reciente legislación se elabora con asistencia técnica internacional y mediante la comparación de los marcos normativos de naciones como Perú, Colombia, Costa Rica y República Dominicana. Esto busca incluir normas internacionales que posibiliten una mayor eficiencia en la contratación pública y una rendición de cuentas más eficaz.
Compatibilidad con otras acciones
En paralelo a la reforma de la Ley de Compras y Contrataciones, el Congreso analiza la iniciativa 6576, conocida como Ley para la Agilización de la Inversión Pública. Esta norma, de carácter especial y temporal por un período de tres años, está orientada a la ejecución de proyectos estratégicos en áreas prioritarias como salud, educación, movilidad, seguridad y acceso al agua.
De acuerdo con el Ministerio de Finanzas, las dos normativas se complementarán mutuamente. La legislación novedosa sobre adquisiciones actualizará el sistema general de compras, mientras que la propuesta 6576 facilitará agilizar inversiones particulares a través de métodos simplificados, contratación de proveedores del extranjero y acuerdos con entidades como la ONU, la UNOPS o el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos.
Dentro de sus estipulaciones, esta propuesta impone a las entidades del estado, municipios y consejos comunitarios de desarrollo la tarea de divulgar datos específicos sobre proyectos, costos y progresos en plataformas públicas. También incluye la formación del Fondo de Implementación de Inversión Estratégica (Fonives), gestionado por el Crédito Hipotecario Nacional, responsable de administrar fondos nacionales e internacionales dirigidos a iniciativas estratégicas.
Un esquema actualizado para la inversión estatal
El desarrollo de una nueva Ley de Compras y Contrataciones constituye un avance fundamental para ajustar la normativa actual a las demandas presentes del Estado. El aumento en los límites para cotizaciones y compras directas, acompañado del refuerzo en transparencia, tiene como objetivo equilibrar la eficiencia administrativa con la responsabilidad ante los ciudadanos.
Con estas modificaciones, el Ministerio de Finanzas busca establecer un entorno más dinámico, seguro y actual, que facilite a las entidades llevar a cabo proyectos de manera más veloz, asegurando al mismo tiempo la adecuada utilización de los fondos públicos y promoviendo la confianza de la población en los procedimientos de contratación gubernamental.
