El Parlamento de Guatemala no logró seleccionar a los directores principales y suplentes que formarán parte del directorio de la próxima Superintendencia de Competencia, una entidad esencial para fomentar la competencia justa y evitar prácticas monopólicas en la nación. Aunque el tema estaba en el orden del día legislativo y se esperaba progresar en la elección de las autoridades, la reunión se terminó sin alcanzar consenso alguno.
Con este aplazamiento adicional, ya son varios los intentos fallidos del Legislativo para cumplir con este mandato legal, lo cual ha causado inquietud entre sectores económicos y sociales que exigen transparencia, rapidez y responsabilidad institucional en el proceso.
El Congreso tiene la atribución de elegir a los cinco miembros del directorio —tres titulares y dos suplentes— de una nómina de candidatos previamente evaluados y enviados por la Comisión de Postulación, la cual llevó a cabo un proceso de selección que incluyó análisis de hojas de vida, entrevistas y revisión de tachas. El listado final incluye aspirantes con perfiles técnicos en economía, derecho y administración pública.
Aunque no se ha llegado a acuerdos entre los diferentes bloques, el progreso en la votación se ha visto obstaculizado. En la última sesión, varios legisladores salieron del pleno antes de que comenzara el debate, lo que resultó en la ausencia del quórum requerido para proceder con la elección.
La formación de la Superintendencia de Competencia se autorizó en 2022 como parte de una modificación destinada a robustecer la estructura institucional económica del país y cumplir con compromisos internacionales, incluyendo los requerimientos de acceso a ciertos acuerdos comerciales. Este organismo estará encargado de investigar y sancionar conductas anticompetitivas, supervisar los mercados y fomentar condiciones justas para los diferentes participantes económicos.
Sin embargo, la ausencia de nombramiento de su junta directiva ha evitado que la organización pueda comenzar a operar. En el ínterin, se acumulan quejas sobre posibles abusos de poder en áreas estratégicas, lo que hace aún más urgente que la Superintendencia comience su actividad.
Distintos actores del sector privado y organizaciones civiles han manifestado su inquietud ante el estancamiento del proceso. Consideran que esta situación no solo retrasa la implementación de una herramienta necesaria para mejorar la competitividad, sino que también envía señales negativas a los inversionistas y debilita la institucionalidad democrática.
Varios legisladores han expresado su interés en proseguir con las conversaciones para lograr consensos en la siguiente sesión plenaria. No obstante, diversos grupos señalan que hay intereses políticos que intentan poner trabas a la elección, ya sea por desacuerdos sobre los perfiles sugeridos o por cálculos estratégicos asociados a cuotas de poder.
La legislación indica que el Congreso tiene la obligación de seleccionar a los miembros del directorio a través de una mayoría calificada, lo cual requiere un consenso extenso entre las múltiples fuerzas presentes en el hemiciclo. En los intentos previos, la falta de votos necesarios ha sido un factor común, a pesar de que la lista de candidatos ha estado accesible desde hace mucho tiempo.
A medida que pasa el tiempo, aumentan las presiones internas e internacionales para que el Legislativo cumpla su responsabilidad constitucional y permita el inicio de operaciones de la Superintendencia de Competencia.
El país continúa sin una autoridad autónoma que vele por un entorno económico justo, dejando sin defensa efectiva a consumidores y pequeñas empresas frente a eventuales prácticas abusivas de grandes corporaciones. La situación se convierte en un reflejo de las dificultades estructurales que enfrenta el sistema político guatemalteco para tomar decisiones clave, incluso en temas de interés general que podrían beneficiar ampliamente al desarrollo económico.
El reto ahora para los diputados es recuperar el ritmo legislativo y demostrar compromiso con la modernización institucional. La elección del directorio no solo significaría el cumplimiento de un deber legal, sino también un paso esencial hacia un sistema económico más equitativo y transparente.
