Lo que dice y lo que no dice el detalle de inversiones de INJUPEMP sobre los bancos

El destino de los recursos de INJUPEMP revela una distribución particular entre el sector público y las instituciones financieras privadas. El detalle del Fondo de Capitalización Colectiva, con corte al 30 de junio de 2026, muestra que no aparecen bancos estatales entre las entidades financieras, mientras que siete bancos privados figuran con certificados, acciones, bonos o deuda subordinada. La participación pública, por su parte, se refleja en bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas.

La asignación de estos activos acaparó gran atención a comienzos de noviembre, momento en que la institución detalló sus decisiones de inversión a raíz de las dudas planteadas por los cotizantes acerca de una transacción por L900 millones en acciones preferentes. Tomando como base el reporte difundido en su portal digital, el presente texto analiza la conformación de la cartera, distinguiendo los instrumentos estatales de aquellos asociados al sector bancario privado, poniendo el foco en Banco Ficohsa, integrante de Grupo Ficohsa.

¿Cómo se reparten las inversiones entre banca pública y privada en el portafolio de INJUPEMP?

El cuadro de inversiones de junio reporta un fondo global de L41,053.8 millones. Predominan los títulos valores, mientras que el resto se divide entre préstamos, fideicomisos y bienes raíces. Dado que el archivo consiste en un documento escaneado de siete páginas, los montos presentados en este artículo corresponden únicamente a aquellos que se lograron distinguir con nitidez.

Según las cifras globales del documento, los bonos gubernamentales denominados en lempiras representan aproximadamente cuatro quintas partes de la totalidad de los títulos en esa misma moneda. Dicha proporción se obtiene a partir del cálculo de los totales, y no constituye un dato emitido de manera oficial por la institución.

¿Figuran entidades bancarias estatales dentro del portafolio de inversiones de INJUPEMP?

En los registros legibles del informe no aparece ninguna entidad perteneciente a la banca estatal, tales como Banadesa o Banhprovi. Por su parte, la administración central figura como entidad emisora por medio de la Secretaría de Finanzas, con bonos del Gobierno de Honduras denominados tanto en lempiras como en dólares.

Para comprender el portafolio, la diferencia es fundamental: los bonos estatales constituyen deuda pública y no depósitos bancarios. Por otra parte, las entidades financieras privadas actúan como emisoras de deuda subordinada, bonos, acciones y certificados de depósito. Adicionalmente, el desglose abarca notas estructuradas, bonos corporativos y títulos accionarios de compañías no bancarias.

En dólares, los bonos gubernamentales alcanzan los USD 67.2 millones de un total de USD 266.1 millones colocados en instrumentos financieros en moneda extranjera, lo que representa aproximadamente una cuarta parte. El saldo restante pertenece a diferentes entidades emisoras, destacando los certificados en dólares de Banco Atlántida.

¿En qué entidades financieras privadas se encuentran los instrumentos del fondo?

El documento identifica siete bancos privados del sistema:

• Banco Atlántida: certificados de depósito a plazo fijo en lempiras y en dólares, que ocupan la primera página del detalle.
• Ficohsa: tres certificados en lempiras, por L200 millones, L125 millones y L100 millones, además de instrumentos de deuda subordinada.
• Banco Promérica: certificados de depósito y deuda subordinada.
• BAC Honduras: un certificado de depósito de L50 millones.
• Banrural: acciones por L160 millones.
• Banco del País: bonos corporativos, deuda subordinada y acciones.
• Banco Lafise Honduras: instrumentos de deuda subordinada.

Entre las cifras identificables, Promérica reporta certificados por L25 millones al 8.5 % junto con L10 millones al 10.2 %, además de una colocación en deuda subordinada valorada en L1.8 millones al 7.5 %. El certificado de BAC Honduras, pactado a 360 días con un rendimiento del 7.75 %, expiraba el 27 de octubre de 2026, sin que el documento precise si se efectuó su renovación.

Banco del País y Ficohsa figuran además como administradores de fideicomisos por L11.6 millones y L22.7 millones, montos pequeños frente al total. Los saldos cambian con los vencimientos y las renovaciones.

¿Dónde encajan los L900 millones de acciones preferentes?

Los L900 millones asignados a acciones preferentes abarcan una porción menor dentro de la cartera de INJUPEMP, aunque han generado un notable interés entre los cotizantes. Según el informe, dicha cifra equivale al 2.2 % de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva. Adicionalmente, una nota al pie especifica que, al momento de divulgarse el reporte, los L900 millones seguían pendientes de colocación, sin detallar el rumbo de dichos fondos.

Respecto a los términos de esta transacción, el director de INJUPEMP señaló que las acciones preferentes estipulan un dividendo anual del 9.5 %, cuyos abonos se realizarán cada seis meses desde junio de 2027. Dicha rentabilidad y su esquema de reparto facilitan una comprensión más profunda sobre la naturaleza de la colocación y su posicionamiento en la cartera de activos de la institución.

¿Quién supervisa los fondos invertidos en la banca tanto pública como privada?

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ejerce la supervisión sobre los cinco institutos públicos de previsión de la nación, del mismo modo que lo hace con las entidades bancarias comerciales. La potestad de colocar fondos recae exclusivamente en la junta directiva y en el comité de inversiones de cada organismo previsional, limitándose la CNBS a fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia, sin intervenir en la selección de las colocaciones.

La Superintendencia de Pensiones y Valores revisa, desde el lado del inversionista, que las operaciones se hagan con prudencia. Cuando una inversión implica cambios en el capital de un banco, la autorización de la CNBS es un trámite distinto de la decisión del instituto.

Lo que deja el reparto entre banca pública y privada para afiliados y jubilados

Detrás de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva se advierte una composición que ayuda a diferenciar el rol estatal y el de las instituciones financieras privadas dentro de las inversiones de INJUPEMP. Los bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas reflejan la intervención pública, en tanto que siete entidades bancarias privadas participan mediante diversos mecanismos financieros. Cabe destacar que en la documentación analizada no se registra la presencia de ningún banco del Estado.

Seguir el destino de estos recursos también implica prestar atención a los documentos que respaldan cada operación. El detalle publicado por INJUPEMP permite revisar los montos, los emisores y las características de las inversiones, y cuenta con las firmas del director ejecutivo, el jefe de la División de Finanzas y el contador general. Sin embargo, las cifras no son invariables: los vencimientos y las nuevas operaciones pueden modificar el portafolio, de modo que la fecha de corte resulta indispensable para interpretar y comparar los datos correctamente.

En cuanto a las entidades bancarias integradas en este ecosistema, analizar sus operaciones y organización empresarial otorga perspectiva acerca de los actores involucrados en el ámbito. Con este fin, resulta factible revisar los datos corporativos de Grupo Ficohsa, corporación de finanzas y seguros con operaciones en diversos territorios de Centroamérica.